Archive for the ‘CATEGORÍA: Legislación’ Category

>El Parlamento Guipuzcoano aprueba la Norma Foral sobre Participación Ciudadana

julio 30, 2010

>Gipuzkoa cuenta con la Norma Foral de participación ciudadana que va a mejorar la eficacia de las políticas públicas. Esta Norma, innovadora dentro del ordenamiento jurídico español, incorpora la cultura política basada en los principios de información, participación ciudadana y transparencia en la gestión de los asuntos locales.

Si desea ampliar esta información, le aconsejamos visitar la noticia publicada en la sección de Noticias de Actualidad del portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón.

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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es

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Ley de Fomento de la Participación Ciudadana en Canarias

julio 8, 2010

Fomentar la participación ciudadana, tanto de forma individual como colectiva, en la actividad administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la vida económica, política, cultural y social, es el objeto de la reciente Ley de Participación Ciudadana, aprobada por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Si desea ampliar información sobre este tema, puede leer la noticia publicada al respecto, en la sección de Noticias de Actualidad del portal web de Aragón Participa.
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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es

Castilla la Mancha: Una ley dara acceso a la información gubernamental y administrativa

septiembre 10, 2009

MICIUDADREAL.ES La ley regulará el acceso a la información y las fórmulas de participación ciudadana en las tomas de decisiones. Por otro lado, en aras de la transparencia administrativa, dará a conocer a los ciudadanos todos los contratos que suscriba la Administración autonómica.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunció hoy, en el transcurso de la primera intervención en el Debate del Estado de la Región, una Ley de Transparencia y Buen Gobierno que pretende garantizar por ley la participación de los ciudadanos y el acceso a la toda información.

Con esta norma, el Ejecutivo castellano-manchego da un paso más en su política de transparencia, tras la puesta en marcha de la Declaración de Bienes y Rentas de altos cargos y se adelanta, de nuevo, a la legislación nacional.

En Castilla-La Mancha hay muchos aspectos relacionados con la transparencia. Casi todas las decisiones políticas, el Pacto por Castilla-La Mancha es un ejemplo, se hacen sobre la base del diálogo social y, además, en cada Consejería hay órganos desde los que se articula la participación ciudadana o de los agentes sociales. Se hacen públicas las subvenciones; los planes de actuación; los altos cargos están sometidos a incompatibilidades y a realizar declaraciones de rentas y bienes e intereses.

Esta Ley tendrá como elementos centrales el acceso a la información y las fórmulas de participación ciudadana en la toma de decisiones. A lo que hay que añadir dispositivos que garanticen la “objetividad” en las decisiones públicas que impidan prácticas de nepotismo.

Entre otras cuestiones la Ley dará a los ciudadanos el derecho de conocer todos los contratos que firma su Administración regional.

Según explicó el presidente Barreda se trata de avanzar todavía más en la dirección de las buenas prácticas en la administración pública, en el conocimiento y en el control y participación de los ciudadanos en la “res publica”, en los asuntos de todos.
Un Gobierno de fiar

Este Gobierno cumple lo que acuerda, respeta lo que pacta y hace honor a su palabra. En definitiva, es un gobierno de fiar, del que se fían los ciudadanos”, manifestó Barreda al tiempo que opinó que para generar confianza hay que decir la verdad porque, según señalaba Kantla mentira debilita la cohesión de la sociedad humana de manera irreparable” y según Montaigne, “mentir es vicio maldito” y aquel que “falsea la palabra traiciona la relación pública”.

Decir la verdad es importante. El editorial de un periódico de tirada nacional decía el pasado 19 de agosto con ocasión de acusaciones graves no probadas, que acusar de delitos y de violar derechos fundamentales sin demostración supone ‘la denuncia más grave en democracia’ y concluía que ‘un partido que quiere gobernar no puede hacer política con chascarrillos y cotilleos de barra de bar’”.

De ahí que, para el Gobierno que preside Barreda, el cumplimiento de los Pactos, de la palabra dada, es una norma de comportamiento “con la que nos hemos granjeado la confianza de la sociedad”.

La confianza es, para el presidente de Castilla-La Mancha, un ingrediente fundamental de la “virtud cívica” que es imprescindible en la democracia. Y considera que esta “virtud cívica” implica mayor conocimiento y mayor responsabilidad social y colectiva de los ciudadanos en las decisiones políticas.

Tal vez a algunos les parecerá excesivo o una exageración. Yo, sin embargo, creo que todo lo que redunde en la claridad, la transparencia y el control, es bueno para la democracia”, concluyó.

Términos Clave: Ley de accesibilidad a la información.

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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es

"Debemos trabajar en la ausencia de víctimas mortales a causa de los siniestros del tráfico"

agosto 18, 2009

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, analiza el proceso de participación en Seguridad Vial que se ha puesto en marcha desde su Departamento. Con el Plan Integral que esperan aprobar en mayo de 2010, se pretende coordinar todas las actuaciones del Gobierno de la Comunidad aragonesa con el objetivo de reducir de manera progresiva la siniestralidad vial, a través de políticas públicas de prevención.

“Del concepto de accidente inevitable y sobrevenido como una fatalidad que prevalecía hasta hace no mucho tiempo se ha pasado a un estado de opinión en el que la sociedad empieza a rebelarse y a no admitir que tantas muertes, tantos heridos y tanto dolor acumulado sea el precio a pagar por vivir en una sociedad avanzada.” Para intentar reducir estos accidentes en la carretera, el Gobierno de Aragón ha decidido iniciar un proceso de participación para elaborar un Plan Integral de Seguridad Vial para Aragón. Su meta a medio plazo: reducir las víctimas mortales en un 50% en 2015 con respecto a 2005, con lo que pasarían de 214 fallecidos a 107. El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, Alfonso Vicente, presentó el 1 de julio de 2009 ante un centenar de asistentes los pasos que se van a seguir para la elaboración del Plan.
– Para alcanzar estas metas en Seguridad Vial, ¿son tan importantes las medidas que fije el Plan Integral como la implicación de todos los actores a través de un proceso de participación?

Para la elaboración y puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad Vial es imprescindible conseguir la máxima implicación de los diferentes actores intervinientes en esta materia, manteniendo y potenciando el debate público y político constructivo.

Este Plan debe identificar a todos los actores, así como las áreas de intervención y los niveles de responsabilidad. Debe garantizar la coordinación entre los mismos y conseguir la implicación, participación y compromiso de cada uno en lo relativo a financiación, ejecución, puesta en marcha y el seguimiento de las medidas y actuaciones que se diseñen.

En su elaboración hemos optado por un proceso participativo y abierto a todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que tengan algo que decir en cualquiera de los ámbitos que intervienen en la seguridad vial, es decir, usuario, vehículo y vía; porque implicar a todos los sectores y actores desde el principio implica generar un sentimiento de pertenencia y la adquisición de un compromiso.

– Alude al objetivo cero víctimas mortales en la carretera como difícil pero irrenunciable, ¿realmente es posible?

Debemos trabajar con la visión más lejana, la ausencia de víctimas mortales a causa de los siniestros del tráfico. Esta visión representa el nivel de ambición más elevado y está basado en la convicción de que cada traumatismo grave causado por un siniestro de tráfico es inaceptable.

El horizonte más ambicioso y que representa el objetivo con el que debemos trabajar, aunque sea a muy largo plazo, es que cuando se produzca un fallo humano en la conducción, el vehículo o la vía sean capaces de absorberlo y no represente la pérdida de vidas humanas.

Por supuesto que a corto y medio plazo es necesario ponerse metas intermedias y es por ello que en este Plan nos planteamos el objetivo de reducir al 50% el número de fallecidos por accidentes de tráfico para el año 2015, con respecto a 2005.

– ¿Cuáles son los principales retos a los que tiene que hacer frente este Plan?

El reto es diseñar un Plan que garantice actuaciones dirigidas a la prevención, para evitar en lo posible que se produzcan accidentes de tráfico, y esto implica actuaciones en torno al usuario, al vehículo y a las infraestructuras; pero si estos se producen, debemos garantizar una asistencia eficaz, con la promoción de los servicios y dispositivos necesarios. Por último, debemos trabajar en la paliación de las consecuencias, garantizando la continuidad de la asistencia a las víctimas hasta su total curación postraumática.

En Aragón, en materia de infraestructuras, arrastramos déficit históricos. De los 11.398 km de carreteras que conforman la Red de Carreteras de Aragón, de todas las titularidades, sólo un 6,4% corresponden a vías de gran capacidad -autopistas, autovías o carreteras de doble calzada-; si tenemos en cuenta que las vías con más peligrosidad y que representan el 80% de las víctimas mortales son las de una sola calzada, deducimos que la inversión en infraestructuras con más nivel de seguridad es imprescindible. Por otro lado, el porcentaje de tráfico pesado que atraviesa nuestra Comunidad es muy alto.

Están invitados a participar administraciones, agentes sociales, organizaciones, empresas… ¿Es necesaria la transversalidad en un Plan de Seguridad Vial?

El Plan debe ser integral y multidisciplinar, es decir, que están implicados distintos Departamentos del Gobierno, distintas Administraciones y distintos colectivos ciudadanos, y se debe trabajar con unos objetivos comunes, un enfoque integral y un planteamiento multidisciplinar.

– ¿Un proceso como éste significa implicar a la ciudadanía en la Seguridad Vial?

Al primer Plenario de presentación del proceso de elaboración de este Plan se invitaron a 153 entidades, instituciones o personas que por su profesionalidad en el ámbito de la seguridad vial tienen algo que decir o aportar a este documento. De las fichas de inscripción para participar en los grupos de trabajo se han recogido ya un total de 70. Estos grupos van a ser conformados también por los técnicos designados por parte de las distintas Direcciones Generales del Gobierno de Aragón.

También se va a constituir un grupo de expertos que van a ir validando este proceso y que está formado por personas de reconocido prestigio profesional en este ámbito.

– En los últimos años, ¿ha cambiado mucho la sensibilidad de los ciudadanos respecto a los accidentes de tráfico?

Estamos en condiciones de afirmar que sí. Del concepto de accidente inevitable y sobrevenido como una fatalidad que prevalecía hasta hace no mucho tiempo se ha pasado a un estado de opinión en el que la sociedad empieza a rebelarse y a no admitir que tantas muertes, tantos heridos y tanto dolor acumulado sea el precio a pagar por vivir en una sociedad avanzada.

Para ello, los medios de comunicación y las asociaciones de víctimas son actores fundamentales para generar y mantener dicho nivel de concienciación, en primera instancia, y de rechazo frontal a los accidentes, en segundo término.

Términos clave: Plan integral de seguridad vial

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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es

La fuerza de la participación depende de la cultura dominante en una sociedad

agosto 3, 2009

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz, forma parte de la Mesa de expertos que está realizando un primer documento que ayude a definir el marco normativo sobre participación ciudadana en Aragón. El 19 de mayo, nueve integrantes dirigidos por la Dirección General de Participación Ciudadana constituyeron este espacio de diálogo.

Participación ciudadana en la elaboración de la Ley. Este es el título del informe que ha presentado Eva Sáenz en la Mesa que elabora una propuesta legislativa sobre participación en Aragón. Durante más de dos meses, nueve profesionales han expuesto documentos como el suyo, los han debatido en grupo y en las próximas fechas, una vez incluidas estas aportaciones, se presentarán los trabajos definitivos. Con ellos, se redactará el modelo normativo.

– ¿Por qué la Comunidad aragonesa debe abordar un reto como éste de crear un marco legislativo sobre participación?

En un momento en el que cada vez es mayor la desafección de los ciudadanos respecto a los partidos, verdaderos protagonistas en todas las instituciones representativas, y en el que preocupa especialmente a las clases dirigentes la decreciente participación ciudadana en las elecciones, es necesario reflexionar sobre nuevas fórmulas que hagan sentirse al ciudadano más partícipe de las decisiones públicas, aunque éstas en última instancia correspondan a los representantes elegidos democráticamente. Me parece interesante profundizar sobre políticas legislativas que incentiven esa democracia participativa.

– En este momento, ¿tienen suficientes herramientas los aragoneses para participar en las políticas públicas?

En un Estado democrático moderno la participación del pueblo en la decisión política discurre normalmente por el cauce de la representación, aunque también son necesarios procedimientos que permitan la expresión directa del pueblo. Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón en los inicios de nuestra democracia, se reconocieron algunos instrumentos de participación de los ciudadanos en las decisiones públicas, como fue el caso de la iniciativa legislativa popular; pero al igual que se hizo en otras Comunidades Autónomas e incluso en el propio Estado central, la necesidad de aquellos años de desarrollar los partidos políticos y una democracia esencialmente representativa junto con el recelo que despertaban este tipo de instrumentos hizo que su uso se sometiera a una gran cantidad de restricciones. En la práctica esto ha supuesto la escasa utilización de estas iniciativas.
Después de treinta años de democracia, nuestras instituciones se han consolidado con los partidos políticos como protagonistas absolutos de las mismas; pero ahora se detecta la necesidad de un mayor acercamiento de los ciudadanos a la toma decisiones políticas. En este marco se sitúan las últimas reformas estatutarias y las propuestas legislativas que tienden a fomentar los instrumentos de democracia participativa, en las que los representantes democráticos siguen teniendo la última palabra, pero para su formación se hace más participe al ciudadano.

Un ejemplo de este cambio es la reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, al Estatuto de Autonomía de Aragón. El modelo aragonés se basa en una democracia esencialmente representativa en la que los partidos funcionan como principales vehículos de participación política. Sin embargo, la reciente modificación denota una voluntad de querer profundizar en otras vías de participación como forma de acercar la política a los ciudadanos y siempre, como no puede ser de otro modo, complementando la democracia representativa.


– ¿Cómo fomenta la participación una norma sobre la materia?

La fuerza de la participación no depende tanto de su reconocimiento jurídico como de la cultura dominante en una sociedad, pero las políticas legislativas pueden facilitar el ejercicio de los instrumentos de participación ciudadana y fomentar este tipo de prácticas.
A la luz de las últimas políticas normativas llevadas a cabo por otras Comunidades Autónomas para incentivar la democracia participativa, se plantean básicamente dos posibles actuaciones, que no resultan incompatibles entre sí. En primer lugar, la aprobación de una Ley específica y global sobre participación ciudadana. En segundo lugar, reformar y/o aprobar la normativa sobre instrumentos concretos de participación ciudadana en el ámbito autonómico con el fin de favorecer estas prácticas -ley de iniciativa legislativa popular, derecho de petición, consultas populares…-.

Sin descartar completamente la posible aprobación de una ley general de participación ciudadana, me parece más adecuado aprobar o hacer reformas de las leyes sectoriales que regulan los instrumentos de participación. Por ejemplo, me mostraría partidaria de reformar la ley aragonesa de la iniciativa legislativa popular o el Reglamento de las Cortes Aragonesas. Respecto a una posible ley aragonesa de consultas populares autonómicas y locales, tengo mis dudas. En todo caso podría plantearse en la ley aragonesa de régimen local o, si se prefiere, en una ley de participación más general, una forma de fomentar o incentivar determinados procedimientos participativos en el ámbito local.

– Con cualquiera de estas dos modificaciones legislativas a las que alude, ¿cómo podrían cambiar la implicación de los ciudadanos a la hora de participar en la construcción de políticas públicas?

Con este tipo de modificaciones lo que se estaría buscando es una mayor implicación del ciudadano en la toma de decisiones públicas y un acercamiento de los políticos y la Política a la ciudadanía. Por una parte, los poderes públicos en la toma de sus decisiones cotidianas mirarían más al ciudadano; y por otra parte, el ciudadano se sentiría copartícipe de esa decisión y no ajeno a la misma. Se trataría de que Política y Sociedad interactúen y en definitiva se gane en transparencia en la toma de decisiones públicas en una democracia.

– ¿Significaría cambiar la forma de hacer política?

Una buena política legislativa de participación tendría resultados en los dos sentidos. Por una parte, respecto al fomento de la participación ciudadana en las decisiones públicas; por otra parte, conllevaría necesariamente que los poderes públicos cambien la forma de hacer su política para dejar de centrarse tanto en la fecha de las siguientes elecciones y buscar un mayor contacto con el ciudadano a lo largo de toda la legislatura. Éste sería el objetivo, aunque como he señalado antes, la fuerza de la participación y el éxito de estas iniciativas no dependen tanto de su reconocimiento jurídico como de la cultura dominante en una sociedad y en sus clases dirigentes.

– Durante estas sesiones, ¿en qué ha consistido su aportación concreta a la Mesa como experta en Derecho Constitucional?

Principalmente, he realizado un informe que se ha centrado en las formas de fomento de la participación ciudadana en la tramitación legislativa y, en concreto, la iniciativa legislativa popular y las audiencias en sede legislativo. He tratado con este estudio de analizar las posibles mejoras normativas en estos instrumentos, así como sopesar la incorporación de otras formas de participación de los ciudadanos en la tramitación legislativa puestas en práctica en el derecho comparado y que permiten al Parlamento conocer la opinión de los diversos intereses en juego antes de aprobar una determinada ley. Todo ello sin olvidar las peculiaridades del parlamentarismo contemporáneo y el dominio que sobre el mismo tienen los partidos políticos. En definitiva, mi informe versa sobre los siguientes elementos clave:

1 El estudio de la participación ciudadana en el trámite de impulso de la ley, con la posible modificación de la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón -en línea con la reciente reforma de la ley catalana o de la ley nacional- para corregir ciertas limitaciones que pudieran obedecer al contexto político del momento y modernizar el procedimiento, tanto en la recogida de firmas como en la tramitación parlamentaria, con el uso por ejemplo de las nuevas tecnologías.

2 Analizar la participación ciudadana en la tramitación legislativa a través de las llamadas “audiencias legislativas”: ventajas e inconvenientes a partir de las experiencias registradas en otros Parlamentos autonómicos y en el derecho comparado.

3 Indagar sobre otras posibles formas de participación en sede parlamentaria.
Creo que sería necesaria la reforma de la Ley aragonesa de iniciativa legislativa popular para tratar de facilitar el uso de este instrumento. También sería partidaria de reformar el Reglamento de las Cortes de Aragón para prever una fase de audiencias en la tramitación legislativa, en sentido parecido a lo que se ha hecho en Andalucía, Asturias o Cataluña, e incluso mejorado con las previsiones que existen al respecto en Alemania. Por último, también cabría la posibilidad, todavía no explorada en nuestro ordenamiento jurídico, de permitir a los ciudadanos la presentación de proposiciones no de ley o lo que el profesor y letrado de las Cortes de Aragón José Tudela Aranda denominó “un derecho al debate”. Se trataría de una participación de los ciudadanos en sede legislativa parecida a la iniciativa legislativa popular, pero sin la carga técnica para el ciudadano de tener que redactar una propuesta legislativa.

– ¿Cómo valoraría el trabajo que se ha realizado en este espacio y cómo le gustaría que se plasmase?

Mi valoración del trabajo realizado en la Mesa de Expertos es altamente positiva. Ha exigido un trabajo personal importante, pero sobre todo una puesta en común que ha permitido un intercambio de ideas enriquecedor sobre las mejores formas de potenciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y, en definitiva, sobre las formas de mejorar nuestra actual democracia.

Me parecería interesante que se publicasen los informes que se han elaborado por los expertos y las conclusiones a las que se han llegado tras su debate y puesta en común. Por supuesto, la mejor manera de plasmarse todo este trabajo sería mediante las oportunas reformas legislativas impulsadas desde la propia Dirección General de Participación Ciudadana.

Términos clave: Herramientas de participación ciudadana en Aragón

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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es

Aragón cuenta con un modelo de desarrollo para los territorios de montaña

julio 31, 2009

La Mesa de la Montaña ha firmado el primer acuerdo consensuado que define el modelo de desarrollo para los territorios de montaña y que será la base para la futura Ley de la Montaña. Gobierno de Aragón, Adelpa, Plataforma en Defensa de las Montañas, organizaciones empresariales y agrarias, comarcas, Federación Aragonesa de Montañismo e Instituto Pirenaico de Ecología se han comprometido a hacer compatible el bienestar de los habitantes de la montaña con la preservación y el uso sostenible y ordenado de los recursos naturales y los ecosistemas de montaña.

Después de cuatro reuniones y más de 20 horas de debate, la Mesa de la Montaña ha firmado esta mañana en Zaragoza un primer documento consensuado sobre un modelo de desarrollo para los territorios de montaña. El director general de Participación Ciudadana y coordinador de este espacio de diálogo, Nacho Celaya, ha resaltado que el acuerdo es “una buena noticia para la salud democrática de la Comunidad Autónoma”.

El documento, de cuatro folios extensión, detalla en 55 puntos los grandes principios que deben regir el modelo de desarrollo futuro de las zonas de montaña, las potencialidades de los propios territorios sobre las que habría que asentar las propuestas, la caracterización de los tres sectores económicos que deberían generar sinergias para un desarrollo equilibrado y recomendaciones a las administraciones para que esta apuesta decidida, pueda ser posible. Todo este trabajo se ha conseguido “desde la pluralidad de distintas convicciones, el diálogo, el respeto, la tolerancia y utilizando como única fuerza la palabra”, ha asegurado Celaya. Representantes del presidente del Gobierno de Aragón, Adelpa, la Plataforma en Defensa de las Montañas, organizaciones empresariales y agrarias, las comarcas de fuera de la provincia de Huesca, la Federación Aragonesa de Montañismo y el Instituto Pirenaico de Ecología, acompañados de un representante de los Departamentos de Medio Ambiente y Política Territorial y coordinados por el director general de Participación Ciudadana, Nacho Celaya, han firmado este modelo y han cumplido con el primer objetivo que se planteó con la constitución de la Mesa.

ACUERDO DE TODAS LAS PARTES

Se demuestra que con debate y diálogo se pueden alcanzar acuerdos, ha afirmado el portavoz de la Plataforma en Defensa de las Montañas, Francisco Iturbe. Tanto desde esta entidad como desde la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, Adelpa, han destacado la importancia de que todas las partes estén implicadas y de acuerdo en este “documento de mínimos, en el que habrá que profundizar”, ha declarado el presidente de Adelpa, Raúl López.

Además, estos participantes de la Mesa han valorado muy positivamente principios que ha establecido el acuerdo. “Por todo lo que no dice y lo que dice es muy importante; por ejemplo, que aparezca la ganadería de montaña como algo fundamental, prioritario y que debe mantenerse, que proteja los paisajes de montaña y que apueste por la diversificación de la economía de estas zonas”, ha resaltado Iturbe. Por su parte, Raúl López ha agradecido que este documento represente a las personas que viven en los territorios “de la forma que se merecen”. López también ha subrayado que “busca el equilibrio” de los habitantes con los recursos paisajísticos y ambientales de la zona.

BASE DE LA FUTURA LEY DE LA MONTAÑA

A partir de este documento que define el modelo de desarrollo, el objetivo es afrontar con garantías los contenidos de la futura Ley de la Montaña que se analizarán en septiembre. “Para poder construir la norma, tenemos que escucharnos, saber las razones de los demás, por qué cada uno dice lo que dice; de esta forma, a todo aquello que hemos formulado como un sueño le pondremos nombre y apellidos, lo dotaremos de contenido para que la Ley sea posible”, ha dicho Nacho Celaya.

El documento que se ha firmado hoy en la Sala Jerónimo Zurita del Edificio Pigantelli comienza con dos grandes principios que definen las inquietudes tanto de los habitantes de las montañas como de las organizaciones conservacionistas: “Queremos unos territorios de montaña que se asienten en un modelo de desarrollo integral y sostenible, que no comprometa las opciones de las generaciones futuras y que, por lo tanto, haga compatible el bienestar de los habitantes de la montaña y la preservación y el uso sostenible y ordenado de los recursos naturales y los ecosistemas de montaña, así como el reconocimiento y salvaguarda de los procesos naturales que redundan en un beneficio global”.

Términos clave: Ley de la Montaña de Aragón, Mesa de la Montaña

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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es

Subvenciones para la formación en participación e innovación democrática en ámbito local

julio 17, 2009

El Boletín Oficial de Aragón publica la Orden del Consejero de Presidencia por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la formación de participación ciudadana e innovación democrática en el ámbito local.

Términos clave: subvenciones para la formación de participación ciudadana e innovación democrática

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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es

La Mesa de la Montaña ultima el modelo de desarrollo para estos territorios

julio 14, 2009

El debate sobre un documento que recoja un modelo de desarrollo para las zonas de montaña en Aragón ha continuado durante la cuarta reunión de la Mesa de Debate sobre la Montaña. Tras esta sesión, los participantes tienen casi perfilado el contenido del mismo, que deberán ratificar, en los próximos días, con las entidades a las que representan para su firma definitiva.

Antes de terminar el mes de julio, la Mesa de Debate sobre la Montaña espera cumplir con el primer objetivo que se planteó en su constitución, el pasado mes de marzo: presentar un documento de consenso que marque los grandes principios, las fortalezas, el modelo para cada sector y las demandas a las administraciones, para lograr que el camino marcado sea irreversible en el desarrollo de las zonas de montaña.

Con este objetivo han trabajado los participantes en la cuarta reunión de la Mesa, que se ha celebrado esta mañana en la sede del Gobierno de Aragón. Durante seis horas, los asistentes han ultimado los contenidos del Modelo de desarrollo para los territorios de Montaña. Un documento que deberán presentar hacia el interior de todas las entidades implicadas, para ratificarlo y realizar la firma definitiva.

Con la aprobación del modelo de desarrollo concluirá el trabajo de la primera etapa de la Mesa. A la vuelta del verano, los contenidos y el alcance de la Ley de la Montaña centrarán el debate, que tendrá como objetivos consensuar unos principios que ayuden a elaborar la futura norma.

Además, los participantes también abordarán conflictos concretos para buscar acuerdos en las soluciones. De esta manera, esperan terminar sus trabajos el primer trimestre de 2010.

Términos clave: Mesa de Debate sobre la Montaña

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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es

Aragón garantiza el acceso a los servicios sociales como un derecho universal

julio 13, 2009

La nueva Ley de Servicios Sociales, que se ha publicado en el BOA, es el primer paso de cara a la futura organización y desarrollo de un sistema público en esta materia en la comunidad. Ahora comienza un proceso de participación para el desarrollo del Catálogo de Servicios, en el que participarán entidades y personas representativas en este ámbito.

Todos los aragoneses tienen garantizado el derecho universal de acceso al sistema de servicios sociales. La nueva Ley de Servicios Sociales de Aragón, que se ha publicado en el Boletín Oficial de Aragón y ya ha entrado en vigor, incluye en su primer artículo el derecho del ciudadano a la prestación de los servicios que se consideren esenciales para promover el bienestar social del conjunto de la población y contribuir al pleno desarrollo de las personas.

Asimismo, esta legislación supone el primer paso de cara a ordenar, organizar y desarrollar un sistema público de servicios sociales y establecer los mecanismos de coordinación y de trabajo en red de todas las Administraciones Públicas integradas en el mismo, articulando la relación de dicho sistema público con el resto de las áreas de la política social .

Con esta normativa se adapta la legislación en materia de servicios sociales al nuevo contexto histórico y social, ya que la anterior ley databa de 1987. El desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón -que contempla el desarrollo de un sistema público de servicios sociales dentro de la competencia de la acción social, exclusiva de la Comunidad Autónoma-, los cambios sociodemográficos que se han producido -nuevos modelos de familia, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el envejecimiento o las migraciones introducen nuevas demandas-, la adaptación a la nueva estructura comarcal o la reciente aprobación de la Ley de promoción de la autonomía y de atención a las personas en situación de dependencia han sido otros de los factores que han incidido de manera decisiva en su elaboración.

ESTRUCTURA DE LA LEY

De esta manera, la ley establece un marco legislativo vertebrador y transversal de las distintas políticas sociales que ya tienen legislación propia. Está dividida en 10 títulos y 100 artículos, a los que se suman nueve disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cinco finales.

  • El primero de los títulos se refiere a los derechos y deberes en materia de servicios sociales.
  • El. segundo, al sistema público de servicios sociales, recogiendo su estructura funcional y territorial, así como a la provisión de las prestaciones de este sistema.
  • El tercero de los títulos corresponde al catálogo de servicios sociales, que determinará el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón que se desarrollará con posterioridad. Ese catálogo fijará aquellas prestaciones y servicios de carácter esencial o exigible configuradas como derecho subjetivo determinando las condiciones de acceso en concordancia con la normativa específica
  • El cuarto título se refiere a la planificación de los servicios sociales.
  • El quinto, al régimen competencial y organizativo.
  • El sexto, a la participación ciudadana y a la necesidad de tener en cuenta un órgano como el Consejo Aragonés de Servicios Sociales.
  • El séptimo título recoge la calidad de los servicios.
  • El octavo, la financiación.
  • El noveno, la iniciativa privada. La inspección y el régimen sancionador centran el último título.
Además, con la aprobación de esta norma se culmina un amplio proceso de participación que comenzó en febrero de 2008 con las aportaciones de todas las personas y entidades implicadas en los Servicios Sociales. Posteriormente, el Gobierno de Aragón redactó un borrador de Anteproyecto que más tarde pasó a las Cortes de Aragón. En noviembre de 2008, los parlamentarios aragoneses comenzaron a estudiar el texto y a presentar enmiendas, para culminar su tramitación con el debate en pleno de la Ley y su votación.

Términos clave: Ley de Servicios Sociales de Aragón

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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es

Política 2.0 Parlament de Catalunya

marzo 22, 2009


Después de una primera etapa, todavía no superada, en que los políticos se lanzaron en masa a explorar las posibilidades de las TIC, ahora parece haber llegado el turno de las instituciones. El Parlamento de Cataluña ha estrenado este martes web 2.0 y se ha convertido así en la primera institución del Estado que entra de lleno las redes sociales para difundir su tarea.


Parlamento 2.0
integra un canal propio en YouTube, perfil en Twitter y Facebook y portal en Netvibes. Según explicó el presidente de la institución, Ernest Benach, el objetivo es “que la gente se haga más suyo el Parlamento” al tenerlo al alcance de un click. La pregunta del millón es si las nuevas herramientas del Parlamento significarán efectivamente más democracia y participación ciudadana o se quedarán en una multiplicación de los canales por donde difundir mensajes oficiales o propaganda.

Durante la presentación del nuevo site, Benach aludió al informe del Centro de Estudios de Opinión (CEO) del pasado 13 de marzo, que cuantificaba la insatisfacción política de los ciudadanos en un 74,3%. Ante datos como éstos, las instituciones “no pueden permanecer impasibles”. Aunque la nueva web del Parlamento no es ninguna panacea contra “los daños de la abstención y la desafección”, sí supone una herramienta más para combatirlas, defendió Benach. A su juicio, convierten la cámara catalana en más “transparente, abierta y accesible”.

En otras palabras, más herramientas participativas redundan en una mayor democracia, axioma que en la actualidad parece indiscutible ante el éxito de Barack Obama en el uso de las nuevas tecnologías a su campaña electoral. Prueba de que Benach, uno de los políticos catalanes más activos en la red, tiene al presidente de los Estados Unidos en mente fue su intervención en una conferencia de bloggers del Ebro el pasado febrero, donde citó el libro de Obama del año 2006, The audacity donde hope, donde describía una democracia 2.0 como “conversación, una democracia deliberativa, en qué todos los ciudadanos tienen que participar en el proceso de confrontación de sus ideas con una realidad externa y persuadir los otros de su punto de vista para crear alianzas de cambio de consenso”.

Queda para ver cuál es la afluencia de internautas a las nuevas presencias on-line del Parlament y si efectivamente este intercambio de impresiones se produce. Con el fin de fomentar la interactividad, el presidente Montilla se ha comprometido a responder las preguntas de los internautas, de momento sin periodicidad concreta.

Según recuerda el consultor Juan Varela a su blog Periodistas 21, “las instituciones y políticos europeos han entendido y utilizado estas herramientas para aumentar la ciberpropaganda más que la ciberdemocracia”. En el viejo continente, uno de los pioneros en el uso de las redes sociales ha sido el Parlamento británico durante el gobierno de Gordon Brown. Ante estas iniciativas, ya han surgido algunas voces críticas que alertan de los peligros que los políticos puedan hacer llegar directamente sus mensajes en la población, sin pasar previamente por el filtro de los medios. Resulta en este sentido significativa las declaraciones de Josep Lluís Carod-Rovira en la reciente presentación de Carod-tv: entre las virtudes de la nueva televisión on-line, el vicepresidente de la Generalitat destacaba poder hacer llegar su “voz directa” y sin distorsiones a la ciudadanía.

Otro punto de vista lo aporta Saül Gordillo, convencido de que la tendencia es imparable y quién no se apunte a ella lo tendrá “crudo”, según declaró al Seminario de Comunicación Pública del ACIAL (Asociación Catalana de Informadores de la Administración Local). La política 2.0, añadió, no será posible sin una administración 2.0 en su trasero, ahora que la asignatura pendiente con las nuevas tecnologías de los dirigentes parece a punto de ser superada. Con todo, Gordillo recomendó una “transición tranquilla”, sin dejar de advertir que el ciudadano cada vez se sentirá menos próximo a una administración lenta y oficialista.

Con respecto a los líderes políticos, ya parecen prehistóricos aquellos tiempos en que tener un blog era considerado poco más que una excentricidad. El Parlamento de Catalunya es uno de los más blogueros y los periodistas ya tienen en los cuadernos de bitácora de los políticos una lectura obligada del día, junto con la prensa. Últimamente, el Facebook se ha convertido asimismo una clase de termómetro de popularidad. En la reciente presentación de su nueva web, el alcaldable d’ERC, Jordi Portabella, presumía de tener a esta red social más de 2.000 amigos. Es, más o menos, la media del oficio: Felip Puig (CIU) tiene 2.250; Miquel Iceta (PSC), 2004 y Daniel Sirera (PP), 1.844, por citar algunos ejemplos de partidos variados. Ante el frenesí que los políticos viven en la red, la pregunta es irreverente pero obligada: ¿Quien hace de negro o, si no, cuando de donde arañan el tiempo?.

Términos clave: Participación Ciudadanas en Cataluña

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Autor: Aragón Participa
Fuente: aragonparticipa.aragon.es